Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Organización Sociales exigieron hoy a la industria refresquera un alto a la guerra sucia que ha emprendido en contra del gravamen a las bebidas azucaras contemplado en la Reforma Hacendaria del Presidente Enrique Peña Nieto.
Mediante un comunicado, la Alianza por la Salud Alimentaria invitó a las refresqueras a que, con base científicas, discutan los daños de las bebidas azucaradas a la salud y que “digan la verdad” sobre el uso de jarabe de maíz de alta fructosa en la fabricación de las bebidas endulzantes pues, asegura la ONG, este componente lo compran en el extranjero y daña a la industria del azúcar en el país.
Otro punto en el que hace énfasis el texto es que este jarabe “representa un riesgo aún mayor que el azúcar de caña para la salud , al generar un mayor riesgo de acumulación de grasa en los órganos”.
Referente al supuesto impacto económico en las ganancias de los pequeños comercios debido al impuesto a las bebidas azucaras, la Alianza por la Salud Alimentaria asegura que si se aumenta en 2 pesos el costo de litro de refresco descendería en 6 % y que los consumidoras “pasarán al consumo de bebidas light, agua embotellada y leche baja en grasas” por lo que las pérdidas serían mínimas para los comercios.
Alejandro Calvillo, integrante de esa Alianza, dijo a la agencia de noticias Notimex que el impuesto a las bebidas azucaras no es anticonstitucional, y puede hacerse por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que hizo un llamado a los legisladores para que una vez aprobado el impuesto sobre el refresco, el presupuesto de egresos 2014 etiquete parte de esos recursos para garantizar la instalación de bebederos en todas las escuelas y para campañas preventivas de obesidad, sobrepeso y diabetes.
En su opinión, los legisladores deben asegurar por lo menos dos mil millones de pesos para colocar los bebederos en las escuelas de nivel básico.
“La Suprema Corte ha establecido que es constitucional etiquetar los recursos de un impuesto, aunque hay resistencia de carácter político, sobre todo de no permitir que se promueven impuestos especiales para exigir que se destinen a una finalidad específica”.
Comentó que establecer el impuesto al refresco y aguas azucaradas de un peso por litro, permitiría recaudar alrededor de 12 mil millones de pesos al año.
Insistió en la necesidad de etiquetar dichos recursos, pues comentó que hay otro tipo de intereses como los de gobiernos municipales y estatales que quieren parte de los recursos que se recauden para apoyar a las zonas afectadas por las lluvias provocadas por los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid.
CABILDEROS PRESIONAN A DIPUTADOS
Diputados federales denunciaron en días pasados que la industria refresquera ha intensificado las presiones en su contra para evitar que se apruebe el impuesto a las bebidas azucaradas.
El legislador perredista Fernando Zárate dijo a SinEmbargo han sido a “varios diputados a los que han presionado. Se han reunido con ellos, los han presionado o, en el menor de los casos, [han querido] convencerlos con este tipo de sofismas de que ‘se va a ir la inversión de México’, que ‘ya no comprarán azúcares nacionales’ y que ‘se acabará el empleo'”.
Zarate reveló que “están [invitando] a los diputados a que modifiquen la Ley de Ingresos en distintas materias, están desde los cabilderos de bebidas y alimentos hasta los cabilderos de colegios particulares, los grandes empresarios ofreciendo de todo, desde las próximas peleas de box en ring side, hasta el próximo partido de futbol americano en primeras filas o carreras de automóviles, o apoyos económicos para sus carreras políticas”.
INFORMACIÓN FALSA
Otra forma de presión, se presentó el pasado martes 8 de octubre, cuando una agencia que representa a la industria refresquera, presuntamente filtró a medios de comunicación un dictamen supuestamente avalado por la Comisión de Economía de San Lázaro, mediante el cual rechazaba el impuesto a las bebidas azucaradas.
El mismo día que el priista Manlio Fabio Beltrones anunció una serie de cambios a la propuesta de Reforma Hacendaria, que incluían dejar de lado el IVA a colegiaturas y vivienda, se circuló a distintas redacciones la versión de que la Comisión de Economía había votado en sentido negativo el dictamen para incluir el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos.
Lógicamente la situación causó revuelo entre los reporteros que cubren diariamente las actividades de la Cámara de Diputados, hasta que la propia Comisión desmintió la versión apócrifa.
